Por Diego Martín Velázquez Caballero
La jornada electoral para elegir a los integrantes del Poder Judicial representa una posibilidad de regenerar uno de los espacios que más ha lastimado a la sociedad mexicana.
El Estado de Derecho se comparte entre funciones del Poder Ejecutivo y Judicial, pero la parte que corresponde al segundo actor tampoco ha sido menor para que, todavía, este importante factor democrático se encuentre en condiciones insuficientes.
Justicia transicional, derechos humanos y libertades individuales son demandas permanentes que poco han cambiado desde las elecciones presidenciales en el año 2000.
La elección será cuestionada porque presentó problemas de mecánica, participación y ejercicio del voto. Más allá de las boletas, acordeones, jornada electoral, las campañas, los recursos económicos del financiamiento, es importante señalar que la aplicación de la justicia y la demanda de que la constitución mexicana sea atendida es fundamental.
ÚNETE AL CANAL WHATSAPP: PAGOS BIENESTAREn el futuro habrá que pensar en disminuir el periodo y permanencia de los nuevos integrantes del Poder Judicial y también desarrollar las reformas electorales que plantearon competitividad a los partidos políticos durante la transición electoral.
La legitimidad de origen no será total en esta elección para el Poder Judicial; sin embargo, nadie puede dudar de que existen ciudadanos conscientes de manifestar su acuerdo o desacuerdo con las propuestas de jueces y magistrados.
Por eso, el nuevo Poder Judicial tiene que acelerar la búsqueda y aplicación de la justicia en México.
Las lagunas procedimentales y organizativas están ahí, pero no disminuyen la importancia histórica del evento. El Poder Judicial en América Latina necesita un dinamismo e independencia que coadyuve a la cobertura y vigilancia de un Presidencialismo exacerbado y autoritario.
Las esperanzas y expectativas que genera esta elección son demasiadas, la justicia rodea todo el estado y sistema político. Por eso, más allá de la legitimidad de origen será necesaria la legitimidad de ejercicio.
El modelo de justicia que México está construyendo también advierte que los representantes del Poder Judicial ahora presentan una forma de vinculación ciudadana distinta en la historia. La legitimidad fragmentada que poseen los otros poderes de la república, ahora también se radica en el ámbito judicial, son representantes populares de hecho y derecho.
La alternancia partidista en los distintos cargos de elección pública no ha cumplido con los anhelos de representación que los ciudadanos tienen; ahora, la responsabilidad también se transmite para magistrados, jueces y ministros.
La elección de los integrantes para el Poder Judicial también demanda a los ciudadanos una corresponsabilidad nueva, conocer esta institución y apropiársela, judicializar la vida cotidiana, así como discernir que existe otro poder fundamental en la construcción y mantenimiento de la república.
