Por Diego Martín Velázquez Caballero
Aunque se ha señalado que la semiótica imperialista establece marcas insoslayables sobre sus enemigos y espacios de conquista, dicho argumento resulta impreciso cuando se establecen argumentos como los correspondientes al Cártel de Sinaloa que afirma controlar al Estado Mexicano desde, por lo menos, hace cincuenta años. La magnitud del señalamiento no ha sido dimensionada por el gobierno mexicano y la idea de construcción de la justicia en nuestro país.
En medio de las revelaciones perturbadoras derivadas del narcotráfico capturado en Estados Unidos sobre la corrupción arraigada en el Estado mexicano, el país enfrenta un momento crucial que demanda una respuesta firme y coherente. Estas declaraciones, que sugieren un control del narcotráfico sobre la estructura de poder durante décadas, no pueden ser ignoradas. Sin embargo, la solución no reside en una intervención extranjera, sino en el fortalecimiento de las instituciones propias y en la reafirmación de la soberanía nacional. México debe tomar la iniciativa, demostrando su capacidad para enfrentar estos desafíos de manera autónoma y efectiva.
Un golpe más contra Intermarium
La colaboración con Estados Unidos es indispensable, pero debe basarse en el respeto mutuo y en la cooperación estratégica, no en la subordinación. En lugar de una invasión de la justicia estadounidense, se debe establecer un frente común contra el crimen organizado, compartiendo inteligencia, tecnología y buenas prácticas. Este enfoque proactivo permitirá al gobierno mexicano desarrollar una lucha frontal contra el narcotráfico y la corrupción, sin ceder el control sobre su propio destino. La gobernabilidad del país se encuentra en una encrucijada y la única salida digna es a través de una reingeniería profunda del Estado. Las reformas superficiales son insuficientes; se requiere una ruptura con las prácticas del pasado para construir una nueva administración pública. La lucha contra el narcotráfico puede ser la convocatoria de un Acuerdo Nacional para la estabilidad, reconciliación y crecimiento económico del país.
El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene la tarea monumental de liderar esta transformación. Deberá implementar políticas públicas que no solo combatan el delito, sino que también desincentiven la gravitación económica hacia Estados Unidos que fomenta la delincuencia inmediata. Al ofrecer incentivos colectivos y oportunidades a través de programas sociales y económicos sólidos, el Estado mexicano puede crear un tejido social más resiliente y menos vulnerable a las seducciones del crimen. El reto es enorme, pero la oportunidad de consolidar un México más justo y soberano es aún mayor. No se trata de ceder, sino de demostrar la fortaleza y la capacidad de la nación para superar sus propias crisis.
La forma en que Estados Unidos desarrolla la construcción de evidencias para actuar en la obtención de la justicia basada en los señalamientos y testimonios es cercano a los fenómenos del progresismo que están afectando la estructura del kiriarcado en México.
A partir del enunciamiento por los propios Carteles de corromper la estructura de poder político en México, no queda mucho que decir. La enorme tarea es reconstruir el país y la administración pública, la idea de un narcoestado obliga a replantear una reingeniería del gobierno, las reformas carecen de sentido, es fundamental una ruptura institucional para conseguir la transformación anhelada.
