El diputado Marco Antonio Mendoza afirmó que la Pensión de Bienestar debe ser inembargable, ya que es un programa social financiado con recursos federales y no un beneficio contributivo. Este comentario surgió a raíz de la noticia de una orden judicial que permite al Banco de Bienestar retener la pensión de un adulto mayor debido a una supuesta deuda crediticia.
Afirmó que los jueces deben evaluar el derecho a la supervivencia de los beneficiarios y tomar en cuenta los principios de derechos humanos y los convenios internacionales al tomar decisiones sobre posibles embargos de programas de apoyo económico como la Pensión de Bienestar para Adultos Mayores.
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Aclaró que el apoyo económico social es no contributivo, es decir, no se acumula como suele ocurrir a lo largo de la vida laboral para calificar para una pensión. “Realmente es un programa social de supervivencia”, afirmó.
El legislador local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfatizó que debe ser inembargable y dejarse a la discreción del juez, ya que esa pensión puede ser el único recurso disponible para la supervivencia del adulto mayor.
“No puede ser que se le quite a un individuo vulnerable la única ayuda económica y el único apoyo que brinda el gobierno por una deuda civil”. Es fundamental considerar, por un lado, el pago y cumplimiento de una obligación, y por otro, los recursos mínimos necesarios para la subsistencia de una persona.
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Enfatizó que el juez debe tomar en cuenta, más allá del tecnicismo legal, que este puede ser el único medio de sustento del adulto mayor, y señaló que “no puede ser que se le quite, si no tiene trabajo, bienes y no tiene otra forma de responder a la obligación”.
El reciente caso sobre la retención de la pensión de un adulto mayor por una supuesta deuda de 270 mil pesos, reportado el 23 de enero en El Sol de Hidalgo, ha llevado al diputado a afirmar que el juez incurrió en faltas graves, por lo que se debe revisar a fondo su actuación.
“Realizar un ejercicio de identificación de personas establece un precedente justo, ya que ese fondo es federal y su apoyo debe permanecer intocable, independientemente de las estipulaciones legales. Esto es factible porque se pueden invocar las convenciones internacionales y los principios de derechos humanos, lo que permite una interpretación legal que maximice los beneficios para el individuo”.
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