Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar, ofreció por la mañana una conferencia de prensa para informar sobre la distribución de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores a lo largo de la ruta del Tren Maya, que abarca los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Este plan puesto en marcha por el gobierno mexicano se ajusta al artículo 4 de la Constitución, que promete una pensión a cualquier persona mayor de 68 años, así como a los indígenas y afromexicanos que hayan alcanzado esa edad.
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De acuerdo con Montiel
Han sido 951 883 personas de estas localidades las beneficiadas con la inversión social de 27 millones 415 mil pesos. A través de la entrega directa se garantiza el derecho constitucional a la entrega directa.
En el estado de Chiapas, fueron 388 352 personas derechohabientes, y la inversión social anual fue de 11 millones 185 mil pesos. En el estado de Tabasco, había 188,603 adultos mayores derechohabientes a la pensión, y la inversión social anual fue de 5 millones 432 mil pesos.
Ariadna Montiel ilustra las pensiones en las comunidades del Tren Maya
Esta ventaja básica se pone a disposición de 74 mil 157 ciudadanos de Campeche que viven a lo largo de la ruta del Tren Maya, a cambio de una inversión de 2 millones 136 mil pesos en el sector social.
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En Yucatán, 214 mil 675 beneficiarios pueden acceder a este derecho realizando una inversión social de seis mil 183 millones de pesos, mientras que en Quintana Roo, 86 mil 096 pueden hacerlo invirtiendo dos mil 470 millones.
De acuerdo con Ariadna Montiel, esta iniciativa se lleva a cabo como un componente de la estrategia de Bienestar Integral que implementa el gobierno mexicano. Esta política busca promover el bienestar social, particularmente de los grupos vulnerables de la población.
Junto con la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, se han impulsado otros proyectos sociales. Algunas de estas iniciativas incluyen becas para estudiantes de bajos recursos y ayuda alimentaria.
A lo largo del Tren Maya, el gobierno mexicano busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables y al mismo tiempo garantizar los derechos universales de dichas poblaciones.
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