Hila cuatro años de irregularidades (Beca Jóvenes Construyendo el Futuro)
Durante la fiscalización de las Cuentas Públicas que se llevó a cabo en 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que empleados de diversas dependencias gubernamentales habían recibido financiamiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además de otras irregularidades.
Las anomalías por 5.1 millones de pesos en el programa social se suman a las ocurridas desde el inicio del programa social en 2019, que la ASF acreditó durante cuatro años y ascienden a más de 175 millones de pesos.
El martes 31 de octubre, el Fondo de Rendición de Cuentas y Sustentabilidad (ASF) entregó a la Cámara de Diputados los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. Durante su investigación al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, descubrieron la necesidad de aclarar 5 millones 110 mil 902 pesos.
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“Se realizaron pagos a 242 beneficiarios por 5 millones 110 mil 902.36 pesos, quienes fueron localizados dados de alta como trabajadores en dependencias públicas, durante el mismo periodo en el que estuvieron en capacitación en los centros de trabajo”, según la documentación.
Solo quienes tengan entre 18 y 29 años de edad “que no estudien ni trabajen serán incluidos, promoviendo su vinculación con las unidades económicas” son elegibles para recibir capacitación para el empleo en los términos de las Reglas de Operación del programa.
Se trata de un monto poco significativo si se compara con los 21 mil 696.6 millones de pesos que se destinaron a este proyecto en 2022, del cual solo se examinó una muestra. La ASF concluye que, “en términos generales”, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sí cumplió con las normas legales y reglamentarias; sin embargo, identifica ciertos problemas en el actuar de la dependencia.
Irregularidades en tarjetas
Debido a que la ASF no encontró un “reporte al Banco del Bienestar por el extravío de 355 tarjetas bancarias para que fueran canceladas y, en su caso, reexpedidas”, los portadores de las tarjetas continuaron cobrando mensualmente 5 mil 258 pesos durante todo ese año.
Según las conclusiones del estudio, no se controló “la desvinculación de los beneficiarios del programa de las cuentas bancarias de 5,491 tarjetas que no fueron entregadas”. Además, el estudio descubrió que no se declaraba el destino de estas tarjetas, por lo que no se informaba de los pagos mensuales.
Además, no se supervisó que los acuerdos del Comité Técnico del programa se publicaran en línea “y que los expedientes de los beneficiarios se integraran con los requisitos y documentación conforme a la normatividad del programa.”
Historial de irregularidades
El 19 de julio, una diputada federal de Acción Nacional (PAN) de nombre María Elena Pérez-Jaén presentó 29 denuncias contra Luisa Mara Alcalde Luján, quien se desempeñaba como secretaria del Trabajo y era responsable del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Luján recibió la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) en junio, tras ser seleccionada para el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La denuncia se presentó con base en cinco auditorías de la ASF a ese programa en 2019, 2020 y 2021 (durante las cuales el Programa utilizó recursos por 78 mil 579.6 millones de pesos en términos reales) y 19 Pliegos de Observaciones, en los que se identificaron irregularidades por más de 170 millones de pesos y desorden en la implementación del plan, que para ese momento no contaba con Reglas de Operación.
Como resultado de tres auditorías realizadas en 2019, la ASF pidió a la STPS definir el destino de 66.7 millones de pesos; otra auditoría realizada en 2020 solicitó aclarar el destino de 24.9 millones; y una auditoría realizada en 2021 concluyó que no se justificó el pago y destino de 78.8 millones de pesos.
Hubo pagos enviados a beneficiarios que habían fallecido, trabajadores del sector público que figuraban en el padrón del Programa y que recibían pagos mensuales, y jóvenes que participaban en dos programas a la vez, obteniendo becas escolares, así como ayuda para quienes no eran estudiantes ni trabajadores.
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Los casos que descubrió la ASF incluyeron supuestas capacitaciones laborales en empresas “fantasma” o que no estaban registradas en el Programa, beneficiarios que trabajaban como servidores públicos nacionales, empleados que ya tenían un vínculo en un centro de trabajo, e incluso el pago a beneficiarios que eran tutores o representantes en las empresas que supuestamente impartirían la capacitación.
Pérez-Jaén informó en las cuentas públicas de 2019 y 2021 que la ASF descubrió a 161 beneficiarios de Jóvenes Construyendo del Futuro, que recibieron 3.8 millones de pesos y ofrecieron servicios profesionales, ya sea por honorarios o como servidores públicos nacionales. La declaración de Pérez-Jaén se incluyó tanto en la cuenta pública de 2019 como en la de 2021.
La ASF también descubrió una duplicidad de beneficiarios, pues 700 aprendices y otras personas que no estaban inscritas en la escuela recibieron Becas Bienestar Benito Juárez a pesar de haber ganado 8.5 millones de pesos.
En el año 2020, la Auditoría encontró evidencia de qué jóvenes empleados en la iniciativa privada también recibieron ayuda.
La Base de Datos Única de Derechohabientes fue proporcionada a la ASF por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta base de datos contenía los nombres de 640 becarios que habían mantenido un empleo a lo largo de su formación.
Tras realizar un cruce con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se descubrió que 33.909 beneficiarios tenían dos o más registros patronales. Esto indica que estuvieron trabajando durante el tiempo que debían recibir capacitación y apoyo para el empleo.
En declaraciones públicas que hizo en 2019 y 2020, afirmó que la ASF había indemnizado a las familias de 114 víctimas fallecidas con un total de 800 mil pesos. En las cuentas públicas de los años 2019 y 2021, hubo un total de 3.8 millones de pesos entregados a 161 jóvenes que trabajaban para el gobierno de manera permanente o temporal.
El diputado panista estaba incorforme porque las empresas fantasma no brindaban capacitación en el trabajo y no se podía localizar ni al instructor ni a los jóvenes beneficiarios.
A través de Organicomercial, S.A. de C.V., Servicios de Personal del Estado de México, Lukman, Centro de Capacitación Integral de Apatzingán, INAEP y Barista Factory, el Programa distribuyó 15.4 millones de pesos a mil 157 beneficiarios en 2019.
“Y, en algunos casos, durante la visita no se encontró ni al tutor ni a los becarios“, así como “un caso en el que el domicilio fiscal del centro de trabajo se encontraba en el Estado de México, cuando supuestamente la capacitación se impartió en la Ciudad de México”, la ASF constató que la capacitación no estaba acreditada, los centros de trabajo no estaban comprobados y la STPS los verificó.
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