Si bien la comunidad científica tenía un largo camino por recorrer antes de 2018, sí contaba con libertad académica, evaluación, comités consultivos independientes y distribución financiera transparente. En el documento “México social a revisión”, elaborado por especialistas en las áreas de salud, educación, sociedad y ciencia, se señala que las actividades del actual gobierno y del Cona(h)cyt a cargo de Elena Álvarez-Buylla amenazan con socavar los logros recientes en el sector.
De acuerdo con los hallazgos del informe Signos Vitales sobre ciencia y tecnología, el retroceso en 2018 incluye medidas unilaterales de la dirección del Conacyt que debilitan el sistema científico y desconectan a los institutos de investigación de las universidades y del sector productivo, con lo que se restringe la capacidad del sector.
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De acuerdo con las conclusiones del estudio, “estas actividades ponen en riesgo los logros del pasado, limitan la inclusión de los jóvenes a la academia, amenazan el acceso a las ventajas de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación, y obstaculizan la transmisión de información, particularmente en niñas, niños y mujeres jóvenes.”
El lunes, Brenda Valderrama, una de las máximas autoridades en política científica en México, realizó una presentación a distancia del texto. Habló de la administración Álvarez-Buylla, así como de la caída en la inversión del sector, sobre todo en educación superior.
La investigadora de la UNAM afirmó que el presupuesto para el sector científico ha aumentado 17% en la última década; sin embargo, el Ramo 38, donde se ubican el Conacyt y los Centros Públicos de Investigación, ha disminuido 32% en términos reales.
Según el informe, “la situación presupuestal de la ciencia está en franco retroceso: este año se destinarían 148 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 9%, pero engañoso.” Después de Servicios Generales, el año pasado se introdujo la Transferencia del Gasto de Inversión, y las Inversiones Financieras, que solo beneficia a la Secretaría de Energía con 10 mil millones de pesos. Servicios Personales se refiere al empleo, mientras que Servicios Generales se refiere a la prestación de servicios. Debido a que la CFE obtendrá más de la mitad del incremento en el presupuesto nacional para ciencia, no hay seguridad de que se financie algún proyecto de desarrollo científico.
Poner al estudiante o participante en la oscuridad, el investigador
Además de la reducción en el financiamiento, el número de programas Conacyt se redujo de 11 a 3 en el lapso de diez años. La mayor parte del dinero se destina a becas de posgrado y al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ambos “también con problemas financieros muy serios.”
Mencionó que el SNI tiene un sobregiro de mil 500 millones de pesos, así como un programa de becas que no está debidamente apoyado. “Los investigadores están recibiendo recursos a través de un movimiento interno del Conacyt“, pero las cifras de becas han sido “manipuladas para parecer constantes cuando han disminuido casi 20%”, escribe el autor.
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El déficit en el presupuesto ha provocado una reducción en el financiamiento a proyectos de investigación de 20 mil millones de pesos en 2013 a mil millones de pesos este año, “la mayoría de los cuales se distribuyen discrecionalmente.” Hizo notar la pérdida global que resultó de la falta de los fideicomisos. Más de 23 mil millones de pesos desaparecieron y nunca han sido localizados; el director del Conacyt afirmó que los fondos estaban destinados a megaproyectos.
Destacó que alrededor de mil programas de posgrado de universidades pueden quedar desacreditados si las instituciones dependieran de ellos para enfrentar esta crisis fiscal, lo que calificó de “impensable”.
El director del Conacyt pone todo de su parte
La forma en que se ha manejado el Conacyt “ha sido personalísima”, y “quien quede enfrentará un reto mayúsculo”, a pesar de que es probable que haya cambios en la próxima administración. Y es que “quien quede no solo tendrá que subsanar cuestiones presupuestales” y “recuperar la confianza de la Secretaría de Hacienda para asignar los recursos necesarios”, sino que también tendrá que recuperar la confianza de la comunidad académica.
Recordó que la eliminación de los estímulos económicos a los investigadores que laboran en universidades privadas, como consecuencia de la Ley General de Ciencia, derivó en al menos 700 amparos, todos los cuales serán resueltos finalmente a favor de los demandantes. Esto “generó un pasivo para Conacyt de más de mil millones de pesos y además retroactivo”, lo que calificó como “un problema muy grave en la administración pública.”
La flexibilización de los requisitos de ingreso al SNI el año anterior provocó un repunte sin precedentes en los ingresos de más de 750 millones de pesos.
Además, se creó un fondo de retiro con repercusiones desconocidas para el presupuesto. No tenemos datos sobre los afiliados, pero es posible que varios cientos repercutan en el presupuesto.
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