Sheinbaum enfrenta tres frentes: INS Bienestar, Iberdrola y el posible arancel de EE. UU
Ciudad de México, 28 de julio de 2025.
Con el arranque de la segunda mitad del año, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum encara un complejo rompecabezas económico y social. En menos de una semana la mandataria abordó, uno por uno, los puntos que concentran inquietud ciudadana y presión empresarial: los retrasos salariales en INS Bienestar, las operaciones cuestionadas de Iberdrola y la advertencia de un arancel de 30 % a las exportaciones mexicanas anunciado por el expresidente estadounidense Donald Trump.
1. Pagos atrasados en INS Bienestar
Trabajadores de la salud en varios estados —incluidos Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México— denunciaron adeudos de hasta dieciséis quincenas. Durante su conferencia matutina del 24 de julio, Sheinbaum admitió el rezago y anunció una auditoría caso por caso para regularizar los pagos y basificar al personal contratado durante la pandemia.
“Nadie que atienda pacientes quedará desprotegido”, afirmó la presidenta, quien también destacó que el programa ya opera en 24 entidades y atiende a más de treinta millones de personas sin seguridad social.
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Para los analistas de salud pública, la basificación es clave para retener talento y garantizar continuidad en la atención. Sin embargo, advierten que el reto logístico —verificar nóminas estatales, liberar recursos federales y resolver contrataciones temporales— tomará al menos el resto del año.
2. Iberdrola y las sociedades de autoabasto
El mismo día, Sheinbaum señaló a la española Iberdrola por aprovechar el esquema de sociedades de autoabasto, vigente desde 1992, para vender electricidad privada usando la red de la Comisión Federal de Electricidad con tarifas mínimas. El gobierno ofrece dos salidas:
- Regularizarse y vender energía dentro del mercado eléctrico mayorista.
- Transferir sus plantas a la CFE o a nuevos inversionistas que acepten las reglas actuales.
Ya en 2024, once centrales de Iberdrola pasaron a manos del Fonadín, elevando la participación pública en generación al 54 %. Ahora, medios españoles reportan la posible venta de otras 15 plantas por 4 mil 700 millones de dólares. La mandataria fue tajante:
“Certeza jurídica hay; lo que no cabe es eludir la ley”.
Expertos del sector consideran que la operación podría abrir espacio a nuevas inversiones renovables, siempre que exista claridad regulatoria y tarifas de transmisión competitivas.
3. Amenaza de arancel y estrategia de contención
El tercer frente llegó desde Washington. Donald Trump propuso un gravamen del 30 % a las importaciones mexicanas si México “no refuerza el combate al fentanilo”. El golpe afectaría al 80 % de la oferta exportable nacional, desde automotriz hasta agroalimentos. Sheinbaum envió a Marcelo Ebrard (Economía) y Edgar Amador (Hacienda) a negociar un “Plan México” que reduzca el déficit comercial con mecanismos alternativos —mayor compra de maquinaria estadounidense y verificación conjunta de cadenas logísticas— sin mermar el empleo en el país.
La presidenta subrayó una reducción del 50 % en el tráfico de fentanilo durante los últimos nueve meses y exigió corresponsabilidad de EE. UU. para frenar el flujo de armas hacia territorio mexicano. Las siguientes dos semanas serán decisivas: si no hay acuerdo antes del 1 de agosto, los exportadores deberán prepararse para repercusiones en precios y plantillas laborales.
A corto plazo, la eficacia del gobierno se medirá en tres indicadores concretos:
- Nómina regularizada del INS Bienestar antes de septiembre.
- Contrato marco transparente para los generadores privados que sustituirán a Iberdrola o se integren al sistema.
- Acuerdo binacional que evite el arancel sin ceder soberanía.
Para la ciudadanía, la clave será vigilar que los anuncios se traduzcan en hechos: medicamentos disponibles, recibos de luz estables y empleos protegidos. La lupa pública no se apartará; después de todo, la confianza gubernamental se construye con resultados tangibles, no con promesas.
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